La gris legislatura actual de Chihuahua –de mayoría panista y pugnaz a su interior–, anuncia que se revisará la cuenta pública del último tramo de la tiranía de César Duarte. Este trabajo, imprescindible en las sociedades donde realmente se aplica la rendición de cuentas, entre nosotros es un ejercicio de opacidad facciosa.

Es así porque se sigue teniendo un criterio político de lo que debiera ser una tarea técnica de auditoría y fiscalización. Para empezar, estamos frente a un hecho muy grave pero que lamentablemente no está en la arena ni en la agenda pública: el golpe al Congreso en relación al nombramiento del auditor superior, las torceduras de mano y el nombramiento de los afines, como es el caso del contador Armando Valenzuela Beltrán, antiguo tesorero personal de Javier Corral Jurado. No hay una distinción, recomendada por los estándares internacionales, entre el auditor y el auditado, lo que resta confianza a cualquier cosa que se dictamine, desgraciadamente y aún en los casos que se actúe razonablemente. Los ciudadanos deben saber que estas revisiones tienen un curso evidentemente burocrático, de trámite y de jaloneo de “me das unas por otras”. Así ha sido hasta ahora y no se ven indicios de que algo vaya a cambiar. En otras palabras, los desmanes de César Duarte, se supone, estarán sujetos a revisión, pero esos desmanes involucran intereses del mismo partido hoy en el gobierno, que ponen a prueba las voluntades políticas y en entredicho el profesionalismo de un auditor que si practicara la rectitud no debiera ocupar su cargo, como se escucha por todas partes, incluido el interior del equipo gobernante, que hace la vista gorda porque es su deseo que este personaje ocupe la función que debió cubrirse en un esquema de apego irrestricto a las pautas de los modernos sistemas que en esta materia se recomienda por lo más prestigiado del mundo de la contabilidad gubernamental, la auditoria y la fiscalización públicas.