“El mundo se me parecía entonces como la labor de un dios dolido y atormentado”. Nietzsche. Han pasado ya nueve años de aquel 18 de junio del 2008, fecha de la reforma constitucional en la que el modelo del sistema penal cambia de ser inquisitivo a acusatorio, sin embargo, hasta apenas el 18 de junio del año pasado es cuando se implementa el sistema en todo el país en donde el Código Nacional de Procedimientos Penales es el protagonista de lo que parece ser una gran historia llena de polémica.

Pues bien, el sistema inquisitivo se puede resumir o equiparar a una caja negra, llegaba una persona imputada por un delito y salía con sentencia condenatoria, así, sin más. En cambio, el nuevo sistema de justicia penal (aunque después de nueve años de la reforma no sé por qué le seguimos llamando nuevo en Chihuahua) se caracteriza por hacer más que resolver conflictos, también protege derechos humanos y de acuerdo al Instituto de Justicia Procesal Penal, también materializan los valores democráticos que lo inspiran. En lo que respecta a Latinoamérica, este cambio se dio desde la década de los años 80`s, lo que significa que nuestro país lleva tres décadas de retraso como mínimo. Este último año se ha caracterizado por ser un reto muy importante para los Estados de la Republica, se han tenido que adaptar muy rápido a la manera en la que tienen que impartir justicia en cuanto a delitos se refiere, dentro de esa adaptación se han visto fallas, se han visto vicios, lógico para cualquier cuestión novedosa, pero también, después de un año se ha logrado un avance en la manera en que se llevan a cabo los procesos penales. Sin embargo, la ola de violencia que ha azotado a nuestro país desde hace mucho tiempo ha servido para que le atribuyan la responsabilidad de esto al sistema de justicia. Miguel Mancera, jefe de Gobierno de la ciudad de México y presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) expone que por consecuencia de esto se van a liberar a cuatro mil reos, nada más lejos de la realidad. Ante esta perspectiva pretende aumentar a través de una contra reforma el catálogo de delitos que requieran prisión preventiva oficiosa, y otro de sus grandes caprichos, trasladar la carga de la prueba al presunto culpable, ¿recuerdan esta película? Aquella en que fabricaron un responsable que no pudo comprobar su inocencia y lo condenaron por homicidio. Esa es la lógica que quieren llevar a cabo desde la CONAGO. Para esto, las personas están fastidiadas de vivir en un torrente de violencia, y en consecuencia han adquirido un ferviente anhelo de castigo, quieren ver penas, condenas, quieren “que les corten las manos a los ladrones” y que “corten a los violadores” sin importar nada. Algo primitivo para mi gusto, pero nosotros vivimos en una civilización, o ¿acaso la venganza importa más que los D.D. H.H.? Pero bien, la prisión preventiva no es el problema, siempre y cuando la necesidad de esta quede justificada y razonada con proporcionalidad. El problema es el adjetivo de “oficiosa”, una prisión automática por el simple hecho de que se encuentre en un decálogo, ante esto, tanto la Suprema Corte al igual que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se han pronunciado en el sentido de que la prisión preventiva es una pena anticipada, por lo tanto al ampliar el listado de delitos que “requieran” esta figura es claramente un retroceso. A fin de cuentas, se estaría violando el principio de igualdad entre las partes, la contradicción y por supuesto, la piedra angular del sistema de justicia penal, ¿dicha piedra angular? La presunción de inocencia. Apelando a una verdad básica, “toda persona se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad”. Además, para ser sinceros, la cárcel no sirve para desincentivar la violencia, y esto quedo claro a través de todos esos años en los que la justicia se rigió a través del sistema penal inquisitivo, también quedo demostrado que tampoco sirve para regenerar delincuentes o para prevenir la reincidencia en cada uno de ellos. Es cuestión de observar nuestra sociedad. El nuevo sistema de justicia apenas tiene poco más de un año en todo el país, un dato muy importante que arroja el Instituto de Justicia Procesal Penal es que el 90% de las personas que llevan su proceso en libertad están cumpliendo con sus respectivas medidas. ¿Mancera y los demás Gobernadores están conscientes de esto? ¿O tan solo utilizan discursos políticos para justificar su incompetencia? “Puerta giratoria y sistema garantista” le dicen. El sistema penal acusatorio no solo es una reforma en la legislación, es un cambio cultural, es una vista a los D.D. H.H., se ven intereses de las víctimas y se dejan de fabricar responsables. Dados los principios que lo caracterizan, las audiencias ahora son públicas y se desarrollan con las partes que deben de intervenir, por lo que a los operadores, tanto fiscales, defensores y jueces se les exige estar mejor preparados, en todo el país se están gestando camadas de futuros abogados que están teniendo esa preparación sin estar contaminados de lo inquisitivo y cada año van a haber más, simplemente es cuestión de tiempo para que lleguen a la práctica. Los políticos, dolidos y atormentados por su propia incompetencia quieren hacer una contra reforma al sistema de justicia, nosotros les queremos reformar la cabeza pero no todo es posible. @rodrigo19hm